Etapas de la descentralización fiscal en México (...continuación)
La segunda etapa de desarrollo regional se orientó a la confección de programas regionales, entre los más significativos el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (pider); Programa para Zonas Áridas; Programa de Desarrollo Estatal (prodes); Programas Sectoriales Concertados (procec), cuyos propósitos fueron reducir la brecha de desigualdad económica y social mediante las transferencias de recursos federales en proyectos de infraestructura básica y de servicios.
Desde una perspectiva institucional, se crearon los Comités de Promoción para el Desarrollo Económico (coprades), con el fin de que las entidades federativas participaran con un organismo encargado de coordinar y promover los proyectos de desarrollo en sus jurisdicciones. Esta acción representó la simiente de la coordinación sectorial y regional entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales, estableciéndose en cada estado de la República un Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (coplade), asimismo provocó una regresión en los procesos de planeación. indetec (2003) señala: "Cuyo absurdo antidescentralizador, fue que la presidencia del mismo recaía en el entonces secretario de la Presidencia de la República, invitando a los Gobernadores de los Estados a participar como miembros del Comité". Aspecto que a fines de la década de los setenta cambió su lógica administrativa, dando paso para que los ejecutivos estatales actuaran como presidentes de los comités.
Un aspecto cualitativo fue que mediante los coplade, al estar facultados por ley, se firmaron acuerdos de coordinación para la trasferencia de fondos federales a los estados vía los Convenios Únicos de Desarrollo (cud), mismos que hacia principios de los años noventa se trastocaron en los Convenios de Desarrollo Social (cds). Esta etapa no necesariamente representa un proceso estrictamente de descentralización política y económica, más bien expresa un mecanismo de planeación derivado por el "prurito de planificar" (Ceceña, 1980), dado que no significa una fase deliberada y sancionada en la estrategia de Estado, sin embargo es la simiente y adopción del concepto de la descentralización en su vertiente administrativa y económica más general.
La tercera etapa de planeación prácticamente inicia con las reformas constitucionales de diciembre de 1983, fortaleciendo y creando el Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como al proceso de descentralización fiscal municipal en 1999, permitiendo a los municipios obtener mayor libertad para acrecentar las fuentes de ingresos propios y por ende, modificar las relaciones fiscales intergubernamentales entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Otro aspecto, dada la aguda heterogeneidad regional y en aras de profundizar la descentralización horizontal, fue la desconcentración de funciones y facultades federales hacia los estados y municipios, a efecto de incrementar la equidad del gasto público. Dicha arista se expresa en forma recurrente en los planes institucionales de desarrollo y en los programas sectoriales federales de las últimas administraciones.
Efectivamente, en la década de los noventa cobra mayor impulso y se formaliza el proceso de la descentralización de los recursos federales. Por ejemplo, de 1993 a 1997 se transfieren recursos para el combate de la pobreza, mediante el ramo 26 Solidaridad y Desarrollo Regional y a partir de 1998, producto de las reformas al sistema de transferencias, se incorpora en la Ley de Coordinación Fiscal, los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), trasladando a los estados los servicios de salud y educación que con anterioridad se realizaban a través de convenios de coordinación.