Marco de referencia (...continuación)
No obstante, en los hechos no existe consenso o fórmulas sobre el modelo fiscal ideal, ya que cada nación representa un caso estructuralmente distinto e incluso único, pese a ello la evidencia internacional muestra que el esquema federal anglo-sajón y europeo representan para los gobiernos subnacionales y sus relaciones financieras intergubernamentales mayor certidumbre jurídica y coherencia económica versus el modelo latinoamericano. En efecto, en América Latina a partir de la década de los ochenta se logran avances sustantivos en materia de descentralización fiscal;1En Latinoamérica existen rasgos comunes que expresan recientemente un desequilibrio en el traspaso de las funciones, por ejemplo en Brasil y Colombia los ingresos se han descentralizado a un ritmo mayor que el gasto; aspecto contrario se observa en Argentina y México, cuya asimetría fiscal provocó que los gobiernos de la periferia dependan financieramente del centro, por lo que no basta descentralizar los compromisos de ingreso y gasto entre los niveles de gobierno, sino sustentarlos mediante mecanismos de poder (marco constitucional) para fortalecer los equilibrios entre responsabilidades y competencias. sin embargo, la diferencia esencial respecto al paradigma anglo-sajón y europeo, estriba en que el avance democrático en algunos países de la región de régimen federal, no ha permeado sobre las políticas de descentralización económica, que acrecienten la eficiencia fiscal con equidad en la renta territorial y social con aval constitucional (Finot, 2002:139).
A pesar de la dinámica observada por la sociedad civil para reivindicar una mayor democratización en las estructuras y del poder mismo, los canales institucionales en la distribución económica se han visto atrofiados a favor de los gobiernos centrales latinoamericanos (Penalva, 2006: 731-732). En ese tenor, la descentralización política no ha logrado sobreponerse y correlacionarse con la distribución espacial, en provecho de los gobiernos subnacionales, debido a la ausencia de un mandato constitucional.
Etapas de la descentralización fiscal en México
En México el proceso de planeación y descentralización fiscal, se ha caracterizado por ser un asunto de desconcentración administrativa como vía por excelencia para la transferencia de recursos de la Federación hacia los estados y municipios, en virtud de que dicho proceso no se ha considerado como una herramienta deliberada de política de Estado con fines de proporcionar servicios suficientes a nivel espacial a efecto de reducir desigualdades regionales en los ámbitos económico y social. Para efectos analíticos ubicaremos en tres etapas el desarrollo del proceso de descentralización del país: la primera denominada planeación para la estabilidad y unidad territorial (1940-1970), la segunda para el desarrollo regional (1970-1980) y la tercera, de desconcentración fiscal (1983-2010).
La primera etapa del proceso de planeación se caracteriza por constituirse en un proceso de planeación sin obligatoriedad constitucional y se identifica por las grandes obras de infraestructura realizadas por el gobierno central con el objeto de cohesionar y fortalecer la Federación, que a la postre propició polos de desarrollo económico. Para ello, se instrumentó una política de inversión altamente discrecional sin mayor poder de injerencia de los gobiernos subnacionales. En este periodo se observa, como resultante de las políticas gubernamentales, una fuerte heterogeneidad regional del país en materia económica-social.
1 En Latinoamérica existen rasgos comunes que expresan recientemente un desequilibrio en el traspaso de las funciones, por ejemplo en Brasil y Colombia los ingresos se han descentralizado a un ritmo mayor que el gasto; aspecto contrario se observa en Argentina y México, cuya asimetría fiscal provocó que los gobiernos de la periferia dependan financieramente del centro, por lo que no basta descentralizar los compromisos de ingreso y gasto entre los niveles de gobierno, sino sustentarlos mediante mecanismos de poder (marco constitucional) para fortalecer los equilibrios entre responsabilidades y competencias.