Las transferencias intergubernamentales
en el sistema fiscal francés

Marcela Astudillo Moya

Instituto de Investigaciones Económicas, unam.

1. El origen de las transferencias intergubernamentales(...continuación)

La necesidad de dispositivos para eliminar desigualdades se justifica plenamente desde un primer punto de vista, en razón de que las nuevas competencias de las colectividades locales deben transferirse respetando su autonomía financiera. Es indudable que el resalte de la autonomía financiera local puede provocar la competencia, una acentuación de diferencias.

Más aún, la institucionalización de las transferencias de igualación se acredita por completo desde un segundo punto de vista, por las consecuencias del reconocimiento de una autonomía financiera local anclada en la autonomía fiscal; sin embargo, existe la duda de si aún es pertinente una compensación no absoluta, pero casi aritmética de desigualdades.

4. Un nuevo enfoque de las transferencias de redistribución

La cuestión fundamental es cómo redistribuir. En la actualidad no es suficiente una concepción de las transferencias de reducción de desigualdades estrictamente contable, misma que se le atribuyó desde el siglo xv: igualar.

Esta concepción no es errónea, pero no es exacta del todo, ya que no toma en cuenta la necesidad de situar las cuestiones financieras en la dinámica de hoy. Corresponde más bien a una concepción estática de la sociedad e ignora que estas transferencias son un factor de regulación, de armonización del sistema local, también que es una herramienta que permite la reorientación de los circuitos de financiamiento y la reestructuración de redes financieras locales (Johansson et al., 2008). Además deja de lado que se deben inscribir en una lógica de responsabilización inherente a todo proceso de descentralización.

Ahora bien, una concepción contemporánea de las transferencias de igualación no se puede construir fuera de la evolución general de la gestión financiera pública, de la cual uno de los principios esenciales es el de responsabilidad. Estas dotaciones entendidas estrictamente como el medio de compensar las desigualdades no favorece en nada la responsabilidad de los actores beneficiados. Es más bien fuente de dependencia y, por lo tanto, de contradicción con el principio de una autonomía de gestión, incluso hasta de decisión que es reconocida en la legislación.

Es conveniente considerar, por lo menos, que estas transferencias deben permitir a las colectividades más desfavorecidas no depender de la asistencia, sino tener la capacidad de ofrecer por sus propios medios los servicios a sus administrados y de tratar, por ellas mismas, de combatir los orígenes de las desigualdades.

Ahora bien, los dispositivos existentes, horizontales (redistribución por las colectividades de igual nivel) o vertical (redistribución por el Estado) no fueron creados en función de este objetivo. Igualmente, si se trata de transferencias extensivas (dotación destinada a todas las colectividades de un mismo estrato) o intensiva (dotación repartida en función de criterios de recursos) el resultado es el mismo: los procedimientos utilizados actúan sobre los síntomas, sin considerar las causas y, sobre todo, sin hacer que las colectividades más desfavorecidas cuenten con los instrumentos para hacerse cargo de su situación (Lavroff, 2003). La buena regulación del sistema local necesita una armonización de situaciones que no se puede producir sin un desarrollo económico susceptible de generar nuevas fuentes de riqueza. Si bien las transferencias de redistribución son en efecto indispensables, no se pueden concebir más que asociadas a las medidas que favorecen el desarrollo económico y, por consecuencia, la inversión, so pena de ver instaurar una suerte de nivelación a la baja. De esta forma, este tipo de dotaciones debe inscribirse en una lógica de evaluación de resultados y no de obtención de recursos.

En definitiva, en un sistema financiero público local y nacional complejo, las mencionadas transferencias deben fundamentarse en la responsabilización del sistema político y administrativo (oecd, 2006). Conviene situarlas en un marco financiero público general en plena evolución. Pero el problema de fondo no es directamente financiero, sino de la capacidad de organizar y de asumir la regulación de un sistema local/nacional complejo con múltiples actores y de evitar un desarrollo incontrolable de éste, principalmente. <