septiembre-diciembre del 2010
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1. Las imposiciones del bce y fmi: España camino de su "Década Perdida"
La nueva tesis teológica es que la crisis del euro fue ocasionada por el desbarajuste presupuestario de los países periféricos de la Eurozona. Su verdadero origen parece haberse volatizado; ya no tienen la culpa las estúpidas inversiones especulativas del capital obtenido por Alemania, la explosión de la burbuja inmobiliaria en España o los engaños presupuestarios griegos que eran citados en los medios de comunicación como obviedad en otoño de 2008. Ahora, el nuevo "dogma" señala que la deuda pública y la falta de reformas estructurales en los mercados laboral y de pensiones son los únicos culpables. Así, el planteamiento programático impuesto por el fmi y bce asume que España debe implementar políticas de ajuste fiscal, reformas al mercado laboral y reformar el sistema público de pensiones para poder, así, salir de la crisis actual y restaurar el crecimiento económico.
En los últimos meses, España se ha convertido en el foco de los problemas en torno a la deuda soberana en Europa. Los costos de financiación del país han aumentado considerablemente y la calificación sobre sus bonos soberanos ha sido reducida por las, hasta hace muy poco, desprestigiadas agencias de calificación de riesgo.
Como respuesta a la presión de los mercados financieros, y para cumplir con los requisitos para obtener asistencia si fuera necesaria del bce y del fmi, el gobierno ha implementado un plan de austeridad que incluye recortes en el gasto público por 15 300 millones de euros, o cerca de 1.4% del Producto Interno Bruto (pib), durante los próximos dos años. El gobierno también pretende aumentar la recaudación fiscal en 17 900 millones de euros, o cerca de 1.6% del pib, para un ajuste fiscal total de cerca de 2.9% del pib. Estos recortes presupuestarios e incrementos en los impuestos españoles pretenden estabilizar la relación deuda bruta/pib a un nivel de 69% del pib para el año 2013, con un nivel de endeudamiento neto de 62.4%.
Aunado a estas medidas, España aprobó en el verano de 2010 una nueva reforma en el mercado laboral y ya ha anunciado la reforma en el sistema público de pensiones para la próxima primavera de 2011. Sin embargo, estas medidas no pretenden disminuir el elevadísimo desempleo de más de 20% o mejorar las prestaciones de los pensionistas, de manera que se pudiera reactivar la pobre demanda interna. Por el contrario, estas medidas pretenden abaratar salarios y despidos, y disminuir, de los por sí, escasos montos de las pensiones.
El problema español no es un problema de beneficios empresariales; es un problema de demanda interna que con medidas contractivas no se va a solucionar. La decisión de revisar la calificación sobre la deuda soberana de España se reportó como "atribuible a las débiles perspectivas de crecimiento de su frágil economía", que es la manera amable de decir que nuestra economía no crece.
En este contexto, las "necesarias" reformas estructurales impuestas por el bce y fmi no tienen ninguna base científica que justifique su implantación. Más bien, se trata de "regalos" para la patronal y las entidades financieras, ávidos de encontrar nuevas fuentes de negocio e ingresos.