Resumen

Utilizando métodos econométricos convencionales, este trabajo mide el impacto del gasto público de la administración central y de las delegaciones políticas del Distrito Federal en los índices de marginación de la entidad federativa, buscando aportar referentes concretos para evaluar la estrategia de descentralización de atribuciones y de recursos que, desde 2000, inició el Gobierno de la Ciudad de México. Esa medición indica que tanto el gasto público del gobierno estatal como el de los gobiernos delegacionales disminuyen la marginación; sin embargo, el gasto que más aporta a esa reducción es el que se destina a atender las necesidades directas de la población, en particular el de vivienda, educación y salud.

Palabras clave: Distrito Federal, gasto público, índice de marginación, delegaciones políticas.

Introducción

Este trabajo tiene el propósito de dimensionar el impacto del gasto público de la administración central y de las delegaciones políticas del Distrito Federal en la situación sociodemográfica de la población que habita en la entidad federativa, con la finalidad de aportar referentes concretos para la evaluación de la estrategia de descentralización de atribuciones y de recursos que, desde 2000, inició el Gobierno de la Ciudad de México.

En su primera parte, el documento describe el desenvolvimiento del gasto público en las delegaciones políticas durante los últimos 10 años; en la segunda, caracteriza la situación sociodemográfica del Distrito Federal con base en el índice de marginación por delegación política; en la tercera parte se relacionan los dos indicadores; es decir, el índice de marginación con el gasto público, utilizando la metodología econométrica convencional para datos de panel; finalmente, a manera de comentarios finales, se ofrecen argumentos que explican los hallazgos de la investigación y se delinean algunas recomendaciones para la política de descentralización.

El gasto público en las delegaciones políticas

Hasta 1996, el manejo de los recursos públicos del Distrito Federal estuvo en manos de un departamento administrativo dependiente del ejecutivo federal, cuyo responsable definía la orientación y ejecución del gasto público como una derivación de los objetivos nacionales, los cuales no necesariamente se vinculaban a las demandas específicas de los habitantes de la entidad federativa.

Ese tipo de administración cambió con la reforma al artículo 122 Constitucional de agosto de ese mismo año, la cual le confirió a la capital de México el estatus de entidad federativa, con Ejecutivo y Congreso locales de elección directa y con plenas facultades para legislar en materia local, exceptuando la expedición y modificaciones al Estatuto de Gobierno y la legislación relativa a la deuda pública, que es todavía responsabilidad del Congreso de la Unión, así como el nombramiento del encargado de la seguridad pública, el cual está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales. Con ese antecedente jurídico, desde 2000, se permitió también la elección directa de los jefes delegacionales, a quienes se les confirió la facultad de ejercer con autonomía los presupuestos de cada Delegación.

A partir de entonces, el Gobierno de la Ciudad de México inició un proceso de descentralización de atribuciones y recursos hacia las delegaciones políticas que se reflejó en el aumento de la participación de esos órganos políticos en el gasto neto total del Gobierno del Distrito Federal, la cual, junto con la variación real del mismo indicador, experimentó su mayor aumento durante el segundo gobierno electo del Distrito Federal.

Como los recursos adicionales se orientaron a atender la conservación, mantenimiento y ampliación de infraestructura pública, el gasto de capital de los órganos políticos se incrementó en términos reales, atemperando la caída registrada durante los últimos 10 años, por la participación del gasto de capital local en el gasto neto total; también aumentó el gasto social, porque se intensificó la atención a las necesidades directas de la población de la capital del país por parte de las demarcaciones políticas; además, como el mayor gasto de capital y social requirió para llevarse a cabo la aplicación de gasto corriente, este último creció igualmente en términos reales durante el período antes mencionado.